La información conocida hoy de que el ex gobernador José Manuel De la Sota decidió hacer público su patrimonio, luego de un año de abandonar el poder, no hace más que profundizar la certeza sobre lo extremadamente difícil que es en Argentina controlar a los funcionarios del Estado. El asunto es muy profundo y excede este caso puntual que, a juzgar sobre su contenido, me mueve a tomada de pelo. Complicidades, desidia, falta de voluntad política y judicial se entremezclan para ocultar lo que debería ser un acto de transparencia que la gente tiene la obligación de conocer. Este es un país que tiene muchísimas dificultades para hacer conocer a dónde van a parar los bienes públicos administrados por los gobiernos de turno.
Párrafo aparte para la excelente investigación de La Voz del Interior y de los colegas Javier Cámara y Sergio Carreras.
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